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¿Por qué Traducción Jurada?

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El oficio de Traductor Público e Intérprete Comercial fue reglamentado en Brasil por el Decreto Nº 13.609 del 21-10-1943, y dispone, en el art. 18:
“Ningún libro, documento o papel de cualquier naturaleza, escrito en idioma extranjero, tendrá efecto en oficinas de la Unión, los Estados o Municipios, en cualquier instancia, juzgado o tribunal o entidades mantenidas, supervisadas u orientadas por los poderes públicos sin que esté acompañado de su correspondiente traducción, hecha en conformidad con este Reglamento”.

Y, en el art. 19, establece lo siguiente:

“Con excepción de las traducciones hechas por corredores de barcos, los manifiestos y documentos que los buques extranjeros deban presentar para tramitación en las Aduanas y las que hacen los ocupantes de cargos públicos de traductores o intérpretes, en razón de sus funciones, ninguna otra tendrá fe pública si no se hace por cualquiera de los traductores públicos e intérpretes comerciales nombrados de acuerdo con el presente Reglamento”.

El Decreto Nº 13.609, efectivamente, vino reglamentar los servicios de traducción e interpretación anteriormente establecidos en los siguientes instrumentos legales:

1) Código de Proceso Penal (Decreto-Ley Nº 3.689 del 3-10-1941)

Art. 193 – Cuando el acusado no habla el idioma nacional, debe hacerse el interrogatorio por intérprete.

Art. 223 – Cuando el testigo no conoce el idioma nacional, debe nombrarse un intérprete para traducir las preguntas y respuestas.

Art. 236 – Los documentos en idioma extranjero, sin perjuicio de que se adjunten de inmediato, deben, si necesario, traducirse por traductor público o, en su defecto, por persona idónea nombrada por la autoridad.

2) Consolidación de las Leyes Laborales (CLT, Decreto-Ley Nº 5.452 del 1º-05-1943)

Art. 819 – La declaración de las partes y testigos que no hablen el idioma nacional debe hacerse por medio de intérprete nombrado por el juez o presidente.

Posteriormente al Decreto Nº 13.609 del año 1943 arriba señalado, hubo otros instrumentos legales que consolidan la exigencia de la traducción y/o interpretación jurada. Son los siguientes:

Código del Procedimiento Civil (Ley 5.869 del 11-01-1973):

Art. 151 – El juez debe nombrar intérprete siempre que considere necesario para:

I – analizar documento de comprensión dudosa, redactado en idioma extranjero;

II – traducir para el portugués las declaraciones de las partes y los testigos que no hablen el idioma nacional;

Art. 156 – En todos los actos y términos de un proceso es obligatorio el uso del vernáculo.

Art. 157 – Solamente se permite juntar a los autos documento redactado en idioma extranjero cuando viene acompañado de traducción en vernáculo, firmada por traductor jurado.

La Constitución brasileña, vigente desde el año 1988, establece en el art. 13 que “La lengua portuguesa es el idioma oficial de la República Federativa del Brasil”.

En base a lo anterior, el Código Civil (Ley 10.406, del 10-01-2002), dispone, entre otros, que:

Art. 224 – Los documentos redactados en idioma extranjero deben traducirse para el portugués para que tengan efectos legales en el País.

Art. 1.134 – …………………

Párrafo 2 – Los documentos deben autenticarse, en conformidad con la ley nacional de la sociedad requirente, legalizarse en el consulado brasileño o de la correspondiente sede y acompañados de traducción en portugués.

Asimismo, la Ley 8.934 del 8-11-1994 (reglamentada por el Decreto Nº 1.800 del 30-01-1996), que dispone sobre el registro público de empresas mercantiles y actividades conexas, establece lo siguiente:

Art. 8º – Corresponde a las Juntas Comerciales:

III – procesar la habilitación y el nombramiento de los traductores públicos e intérpretes comerciales.

Con base en dicha Ley, el Director del Departamento Nacional del Registro del Comercio (DNRC) publicó la Instrucción Normativa Nº 84 del 29-02-2000, que dispone sobre la habilitación, el nombramiento y la matrícula y su cancelación, de traductor público e intérprete comercial, instrumento que enfoca largamente el ejercicio de dicha profesión.

Además, la Ley 9.707 de 23-09-1996 sobre Arbitraje, dispone en el Capítulo VI:

Art. 37 – …………..

I – el original del fallo arbitral o una copia debidamente certificada, legalizada por el consulado brasileño y con la correspondiente traducción oficial; II – el original de la convención de arbitraje o copia debidamente certificada con la correspondiente traducción oficial.